Ciudad de México, 7 de octubre de 2025. Integrantes del grupo empresarial G9 de la Ciudad de México —conformado por cámaras y asociaciones de sectores como comercio, construcción, turismo, hotelería, vivienda, arquitectura y tiendas departamentales— solicitaron una audiencia con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para abordar las afectaciones generadas por recientes movilizaciones en la capital.

En una carta dirigida a la mandataria capitalina, el colectivo expresó su preocupación por los hechos de violencia registrados en algunas manifestaciones, los cuales, aseguran, han ocurrido de forma recurrente sin que exista una respuesta oportuna de las autoridades locales.

“La preocupación ante los hechos de violencia que se han vuelto recurrentes durante diversas manifestaciones y concentraciones públicas [...] no han recibido, hasta ahora, una atención oportuna ni las consecuencias correspondientes por parte del Gobierno de la Ciudad”, señala el documento.

Los empresarios solicitaron que la audiencia se realice en los próximos 30 días con el objetivo de diseñar de forma conjunta un protocolo que permita proteger a los negocios, sus colaboradores y a la ciudadanía, al mismo tiempo que se salvaguarda la libertad de expresión y manifestación.

La propuesta incluye tres ejes principales:

1. Diseñar un protocolo para prevenir y atender manifestaciones violentas, priorizando la protección de personas, negocios y la actividad económica.

2. Reforzar la presencia preventiva de elementos de seguridad en protestas que representen un riesgo para negocios establecidos.

3. Instalar una mesa de trabajo interinstitucional para evaluar mecanismos de apoyo, compensación y prevención frente a este tipo de afectaciones.

El grupo empresarial destacó que es fundamental garantizar entornos seguros y estables en la ciudad, especialmente de cara a eventos internacionales como la Copa Mundial 2026. Señalaron que las pérdidas económicas no solo impactan en infraestructura, sino también en empleos y cadenas de suministro que inician desde zonas rurales y terminan en sectores de consumo final.

“Nuestro interés es mantener un diálogo abierto y constructivo para alcanzar acuerdos que permitan prevenir impactos económicos y sociales en el sector económico. Las pérdidas no solo se reflejan en inmuebles o inversiones, sino en miles de empleos y una amplia cadena de valor”, se indica en la carta.

Finalmente, el grupo subrayó que el gobierno capitalino tiene un papel clave para evitar que las marchas afecten de forma desproporcionada a sectores productivos y de servicios, de los que dependen miles de familias.

Firman el documento representantes de distintas cámaras empresariales, entre ellos:

• Jaime Fasja (Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios)

• Javier Puente (Asociación de Hoteles de la CDMX)

• Vicente Gutiérrez (Cámara de Comercio, Servicios y Turismo)

• Ricardo González (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CDMX)

• Ada Irma Cruz (Canacope CDMX)

• Leopoldo Hirschhhorn (CANADEVI Valle de México)

• Jack Sourasky (Canirac CDMX)

• María de Lourdes Medina (Canacintra)

• Rodolfo Díaz Covarrubias (Colegio de Arquitectos y Sociedad de Arquitectos Mexicanos)

• Adalberto Ortiz (Coparmex CDMX)

• Alejandro Malagón (Concamin)

• Antonio Cossío (Consejo Nacional Empresarial Turístico)

• Diego Cosío (Antad)

La misiva fue también enviada a los titulares de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Económico y Turismo del gobierno capitalino.