La situación legal de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, ha generado una controversia significativa en el ámbito judicial en México. La juez en materia penal, Jovita Vargas Alarcón, tiene la responsabilidad de decidir sobre la solicitud de suspensión definitiva del amparo que Aureoles presentó contra la orden de captura emitida en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado medidas contra la juez, alegando que ella ordenó la comparecencia personal de Aureoles, quien no cumplió con esta citación el 9 de mayo. Sin embargo, se ha señalado que el papel de la juez se limita al juicio de amparo y no a un juicio penal en sí.
Aureoles había obtenido previamente una suspensión provisional que le protege de la detención, y para mantener esta medida, debe cumplir con ciertos requisitos, incluido el pago de una garantía.
El contexto refleja una tensión entre el poder judicial y la fiscalía, así como el interés por procesar las acusaciones que enfrenta Aureoles, quien ha sido un personaje político destacado. Las decisiones futuras de la juez Vargas serán cruciales para el avance del caso y para determinar si Aureoles enfrentará o no consecuencias legales inmediatas. La expectativa es que el fallo sobre la suspensión sea notificado pronto, lo que podría influir significativamente en el rumbo del caso.