Ciudad de México, 24 de septiembre de 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo lunes enviará al Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma con el objetivo de regular el uso del agua, combatir su explotación ilegal y endurecer las sanciones por delitos hídricos. La propuesta busca frenar la mercantilización del recurso, fenómeno que, según la mandataria, comenzó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Las reformas incluyen cambios a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una nueva Ley General de Aguas, informó Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Entre las medidas que se contemplan se encuentra la extensión de dominio, es decir, la posibilidad de que el Estado recupere bienes vinculados a actividades ilícitas relacionadas con el manejo del agua.

Detectan más de 58 mil irregularidades en concesiones

La decisión se sustenta en los hallazgos de la Conagua durante una revisión exhaustiva de los 536 mil títulos de concesión vigentes en el país. Según explicó Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, se han detectado 58,938 inconsistencias, que incluyen:

• Acaparamiento de concesiones por particulares

• Transferencia y falsificación de títulos

• Perforación ilegal de pozos

• Sobreexplotación de acuíferos

• Uso indebido del recurso (distinto al autorizado)

• Coordenadas geográficas que no corresponden al lugar donde se ubica el aprovechamiento (incluso con ubicaciones en el mar o en otros países)

“Encontramos coordenadas que llevan a las costas de Tailandia, cuando el aprovechamiento supuestamente está en Oaxaca”, detalló Rodríguez Alonso.

En 18 mil casos, las coordenadas no coinciden con el municipio registrado. Además, se detectaron títulos agrícolas utilizados por balnearios, clubes de golf y complejos industriales, lo que implica un uso no autorizado que evade el pago correspondiente por el agua.

Del negocio con pipas al rezago administrativo

Otra problemática expuesta por Conagua es la venta de agua mediante pipas extraídas ilegalmente. Se han detectado aprovechamientos que despachan hasta 200 pipas diarias, cada una con un precio de entre 2 mil y 3 mil pesos, lo que genera ganancias millonarias fuera de la legalidad.

“El problema es que las sanciones actuales no inhiben estas prácticas”, denunció el funcionario. En respuesta, se analiza un catálogo de sanciones que contempla multas de hasta 50 mil UMAS (más de 5 millones de pesos).

También se evidenció un severo rezago administrativo. Al inicio del sexenio, había 145 mil trámites rezagados, lo que impedía un control efectivo de los títulos. En muchos casos, la fecha de vigencia de los títulos era incierta, y 29 mil concesiones no contaban con documentación que justificara su validez legal.

Impacto económico y recuperación del recurso

Pese a las irregularidades, la revisión ya ha arrojado resultados positivos. La regularización, junto con sanciones y renuncias voluntarias de títulos, ha permitido:

• Incrementar la recaudación en 2 mil 938 millones de pesos

• Recuperar 4 mil 475 millones de metros cúbicos de agua

Portal de denuncias y nuevas verificaciones

Desde el inicio de esta administración, Conagua ha realizado 3,912 visitas de inspección y ha clausurado 490 aprovechamientos ilegales. Además, se habilitó un portal de denuncias ciudadanas para reportar irregularidades relacionadas con el uso y extracción del agua.

Mensaje a empresarios y próximos pasos

La presidenta Sheinbaum aseguró que los empresarios "no tienen nada de qué preocuparse", siempre y cuando se pongan en orden. También anunció que en los próximos días se publicará un Decreto de Facilidades Administrativas para regularizar concesiones de pequeños productores agrícolas, ganaderos, así como de estados y municipios.

Conagua informó que, hasta el momento, 163 mil 689 títulos están vencidos, lo que representa un reto para garantizar el acceso equitativo al agua y evitar su uso especulativo.

Las iniciativas buscan establecer un nuevo modelo de gestión del agua, con un enfoque de justicia social, sostenibilidad y combate a la corrupción, en un contexto donde el estrés hídrico se agudiza en amplias zonas del país.