La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desechado la solicitud de Calica, una empresa filial de Vulcan Materials Company, que buscaba que el máximo tribunal se hiciera cargo de un pleito relacionado con las clausuras impuestas por el gobierno federal en 2022. Estas clausuras, ordenadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fueron la respuesta a las actividades de extracción de material pétreo que la empresa realizaba en un predio al sur de Playa del Carmen.
Calica había tratado de revertir las decisiones de juzgados federales de Quintana Roo que ya habían fallado en su contra, argumentando que su caso debería ser resuelto por la Suprema Corte en lugar del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, la Corte determinó que la solicitud carecía de legitimación, lo que llevó al desechamiento del caso.
La controversia gira en torno a las actividades de extracción y exportación de roca caliza, esencial para la industria de la construcción, que estaban siendo realizadas por Calica. Después de las clausuras impuestas, la empresa inició una serie de demandas en un intento por anular las decisiones administrativas que las fundamentaron. A pesar de la insistencia de Calica en que la Corte debía intervenir, el tribunal concluyó que no contaba con la legitimidad adecuada para presentar dicha solicitud, y así lo especifica el documento firmado por el actuario de la Sala.
Este seguimiento del caso evidencia las tensiones entre las autoridades gubernamentales y las empresas extranjeras en el contexto de la regulación ambiental y la explotación de recursos naturales en México.